AJUS LPBE presentó hoy una acción judicial que obliga a la gobernadora Vidal arevisar la postulación de Pont Vergés y compromete su nombramiento en el Senado bonaerense
Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada (AJUS LPBE) presentó hoy en los tribunales bonaerenses una acción judicial contra la designación como juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia del actual secretario de Política Criminal de la Procuración, Francisco Pont Vergés; sobre quien pesan graves denuncias por violación a los derechos humanos.
La demanda presentada por AJUS LPBE tiene dos objetos: reclama a la Justicia devolver el pliego al Poder Ejecutivo para que la gobernadora lo rectifique, luego de las denuncias por violación a los derechos humanos presentadas contra el funcionario número dos en la Procuración bonaerense, que conduce Julio Conte Grand . Y, en caso de que la gobernadora decida ratificar el pliego, solicita que la Justicia determine si Pont Vergés aún cumple los requisitos exigidos por la Constitución para el cargo de juez.
La demanda argumenta que los hechos y denuncias siguientes a la postulación del actual secretario de Política Criminal de la Procuración violan el artículo 175 de la Constitución provincial y 28 de la Ley 11.868, cuyo texto obliga a quienes sean propuestos como magistrados tener solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión provincial por la Memoria denunciaron ante el presidente del Senado bonaerense, Daniel Salvador; que Pont Vergés persiguió al actual Defensor de Casación de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano.
El funcionario propuesto por Vidal y de extrema confianza de Conte Grand inició un sumario administrativo y una denuncia penal contra Coriolano, quien investigaba al Servicio Penitenciario bonaerense por torturas y falta de asistencia
médica a una mujer trans.
En paralelo el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lázzari; ordenó una serie de medidas tendiente a que todos los involucrados en el caso – el SPB, la Procuración-, se abstengan de obstaculizar la tarea de los organismos
de Derechos Humanos como la CPM y el Comité contra la Tortura. Y pidió al procurador Conte Grand detalles respecto de las denuncias iniciadas contra el Servicio Penitenciario por las torturas.
En la demanda AJUS LPBE especifica que la denuncia contra Pont Vergés ocurrió luego de que Vidal enviara su pliego al Senado. Por ello, los abogados de la Ong reclaman a la Justicia que el pliego retorne a la mandataria, quien a la luz de los nuevos hechos deberá desistir del trámite o insistir con su tratamiento. Si la gobernadora optase por el último camino la demanda pide que el Tribunal “dé certeza respecto del cumplimiento del Dr. Francisco Pont Vergés de las condiciones de
habilidad que establece la Constitución y legislación provincial para ocupar el cargo de Juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires”.
El pliego de Pont Vergés está a consideración en el Senado bonaerense junto a los expedientes de otros 41 nuevos funcionarios judiciales, cuya aprobación por mayoría simple de la Coalición Cambiemos y con la negativa del conjunto de la
oposición podría avanzar en los próximos días.